Nuestra Visión y Objetivos

La Transición española fue el proceso político desarrollado entre 1975 y 1978 mediante el cual España pasó formalmente de la dictadura franquista al régimen político actual. Incluyó la legalización de partidos políticos, las primeras elecciones postfranquistas de 1977 y la aprobación de la Constitución de 1978. Aunque se ha pretendido recordar como un cambio que surgió a raíz del conjunto de la nación, instigado por la voluntad del pueblo y su anhelo de libertad, la realidad es que estuvo dirigido por las élites del régimen y las principales fuerzas políticas emergentes, que negociaron los pilares del nuevo sistema en un contexto de control institucional heredado del franquismo.

La Constitución Española de 1978 evidencia que la Transición fue una operación pactada entre élites políticas, donde no hubo espacio para la participación democrática real: las elecciones legislativas de 1977, con arreglo a la ley electoral del régimen franquista, establecieron la designación de representantes a través de listas cerradas y el sistema proporcional, lo cual es completamente antidemocrático. Con ello, las Cortes constituidas se transformaron súbitamente en Cortes constituyentes, las cuales nombraron la ponencia encargada de redactar el borrador constitucional. Esta se compuso por siete miembros de los principales partidos: 3 miembros de Unión de Centro Democrático (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero, José Pedro Pérez-Llorca), 1 del Partido Socialista Obrero Español (Gregorio Peces-Barba), 1 del Partido Comunista Español (Jordi Solé Tura), 1 de Convergència Democràtica de Catalunya (Miguel Roca Junyent) y 1 de Alianza Popular (Manuel Fraga). 

La redacción se llevó a cabo en sesiones realizadas en secreto entre el 22 de agosto y el 17 de noviembre de 1977. La lógica no fue abrir la democracia de abajo hacia arriba, sino garantizar una salida pactada desde arriba, asegurando que los nuevos gobernantes compartieran entre sí los resortes del poder. Ese carácter hermético y corrupto del proceso entra en contradicción con la idea de un período de libertad constituyente: El texto fue escondido al público hasta que la revista Cuadernos para el Diálogo, dirigida por el periodista Pedro Altares, filtró parte del borrador, lo que provocó gran revuelo entre la clase política que tildó este hecho como “desagradable” y que “confundía a la opinión pública” (como en el caso de Manuel Fraga, antiguo ministro franquista). Este acontecimiento evidencia que los principales actores políticos elaboraron el nuevo texto constitucional tras puertas cerradas, sin transparencia, representación, ni consenso social real.

Aun así, cabe reconocer la movilización y presión por parte de la nación en este proceso, así como su postura a favor de la nueva constitución mediante el referéndum de 1978. Pero debido a cómo se sucedieron los hechos en las altas esferas políticas, no se puede afirmar que fuese un proceso verdaderamente democrático. ¿Acaso pudieron los españoles participar en la redacción de la misma? ¿Pudieron determinar sus contenidos mediante representación democrática? No, porque el proceso se desarrolló de forma opaca y estuvo en manos de “representantes” designados a través del sistema electoral franquista, que no respondieron a los intereses de la nación sino a los de sus respectivas facciones políticas. Al pueblo únicamente se le concedió la posibilidad de refrendar el texto final mediante su aprobación, o la vuelta al régimen dictatorial. ¿Iba la nación a rechazarlo después de tantos años de dictadura? ¿Iba a detectar sus peligros y a sopesar las consecuencias de su aprobación? Está claro que no. En un contexto de salida reciente de la dictadura, de miedo a un nuevo autoritarismo, de violencia política, escaso nivel educativo y de campaña institucional a favor del “si”, se generó una presión muy fuerte por aceptar el cambio, ya que no hacerlo significaba “oponerse” a la “democracia” emergente. Ello explica por qué el referéndum y el apoyo a la nueva constitución no fue un ejercicio de deliberación constitucional madura, sino más bien un respaldo emocional a la misma. Ese es el llamado “consenso social” que se le atribuye a la Constitución del 78.

Durante la transición también desempeñó un papel significativo la influencia de potencias extranjeras, especialmente en el caso de Estados Unidos. La administración norteamericana, a través del entonces secretario de Estado Henry Kissinger, mantuvo contacto directo con figuras clave del posfranquismo para garantizar que la apertura política española no pusiera en riesgo la estabilidad geoestratégica del país dentro del bloque occidental. Washington priorizaba la continuidad de los acuerdos militares y la contención de cualquier fuerza que pudiera alterar el equilibrio de la Guerra Fría. Esta presión externa reforzó la senda reformista (y no rupturista) de la Transición, afianzando la idea de una salida controlada que preservara tanto la estructura del Estado español como los intereses de Estados Unidos. De este modo, la presión internacional también contribuyó a que el diseño institucional decantara en un modelo parlamentario dominado por élites partidistas.

Finalmente, el llamado “Pacto del olvido”, fue un acuerdo entre fuerzas de izquierda y derecha para no abordar responsabilidades del franquismo. Este pacto permitió “cerrar el pasado” de modo que los partidos mantuvieran estabilidad y privilegios, priorizando el consenso entre élites por encima de una auténtica transición democrática.

Por lo tanto, más que una “transición a la democracia” entendida como una movilización social por las libertades y la participación popular, la Constitución de 1978 resultó ser una transacción de poder (en palabras de Julio Anguita): un reparto de poder entre ex dirigentes franquistas y opositores reformistas que negociaron el nuevo marco institucional a espaldas de la nación, aprovechándose de la situación y garantizando sus propios intereses. Así se estableció el régimen político actual: la oligarquía de partidos.

Anteriormente, en 1974, el régimen franquista se encontraba en plena descomposición debido al deterioro del estado de salud de Francisco Franco. En este contexto, la oposición antifranquista impulsó la creación de un gran organismo unitario, el cual buscaba agrupar a partidos, sindicatos, asociaciones civiles y personalidades independientes comprometidas con la ruptura democrática. Ese organismo fue la Junta Democrática de España, cuyo objetivo político consistía en abrir un proceso de libertad constituyente que sustituyese la dictadura franquista por una democracia formal. 

Dicha agrupación integró corrientes ideológicas muy diversas bajo una estrategia clara: la ruptura democrática. Esta vía consiste en la no colaboración y presión ejercida contra el poder político mediante movilizaciones masivas y pacíficas, logrando el colapso institucional para generar un nuevo orden político. 

Entre las figuras más destacadas dentro de Junta Democrática, se encontraban Santiago Carrillo (secretario general del PCE), Rafael Calvo Serer (intelectual del Opus Dei y opositor al régimen), José Vidal Beneyto (sociólogo y fundador del diario El País) y Antonio García-Trevijano (jurista y notario republicano, cercano a la figura de Juan de Borbón). La Junta Democrática fue presentada oficialmente en Madrid y París el 30 de julio de 1974.

Organizaciones integrantes de la Junta Democrática:

• Partido Comunista de España (PCE)
  
• Partido Socialista Popular (PSP)
  
• Comisiones Obreras (CCOO)
  
• Alianza Socialista de Andalucía
  
• Justicia Democrática
  
• Grupo Independiente
  
• Partido Carlista
  
• Partido del Trabajo de España
  
  

Como respuesta a la iniciativa de la Junta Democrática, en 1975 se creó la Plataforma de Convergencia Democrática, integrada mayoritariamente por organizaciones socialdemócratas, progresistas y regionalistas. La encabezaban el PSOE, Izquierda Democrática, la Unión Socialdemócrata Española y el sindicato UGT, entre otros grupos. Su postura era más cercana al reformismo y apostaba por una transición negociada con el propio régimen.

En 1976, ambas estructuras (la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática) acordaron unificarse en un único organismo: Coordinación Democrática, popularmente conocida como la “Platajunta”. Este frente común pretendía reunir a toda la oposición antifranquista para ofrecer una alternativa pacífica y unitaria que permitiera transformar la dictadura en un Estado democrático.

Sin embargo, la Platajunta tuvo un recorrido breve. A medida que avanzaba el proceso político tras la muerte de Franco, amplios sectores de sus partidos integrantes optaron por abandonar la estrategia de ruptura y pactar con el gobierno de Adolfo Suárez. Aceptaron así la vía de la Ley para la Reforma Política, la cual sirvió como base jurídica del proceso que culminaría en la Constitución de 1978 y el actual régimen político.

Desde una perspectiva rupturista, esta decisión se considera una renuncia a los principios fundamentales de la oposición antifranquista, pues se abandonó la posibilidad de que el pueblo español ejerciera su derecho a elaborar una constitución propia mediante un proceso constituyente libre. En su lugar, se produjo un acuerdo entre las élites del franquismo y los sectores reformistas que aspiraban a integrarse en el nuevo sistema.

Este giro reformista trajo consigo una campaña de censura, difamación y persecución contra las figuras que se mantuvieron fieles a la ruptura democrática. Muchos de los protagonistas de aquel movimiento quedaron relegados a la marginalidad política durante la Transición.

Entre las figuras más representativas del movimiento rupturista destacó Antonio García-Trevijano, jurista granadino nacido en 1927, quien desempeñó un papel decisivo en la organización y articulación de la oposición antifranquista tanto en la clandestinidad como en el exilio. Su trayectoria profesional como abogado, notario y pensador político estuvo marcada por profundas convicciones republicanas y por su compromiso con la instauración de la democracia formal en España.

Durante años mantuvo estrechos contactos con los círculos de don Juan de Borbón (padre del rey emérito Juan Carlos I), a quien consideraba como la figura capaz de encabezar un proceso de democratización tras la muerte de Franco. Sin embargo, la designación de Juan Carlos como sucesor por parte del propio dictador cerró esta vía, lo que condujo a Trevijano a impulsar la creación de la Junta Democrática y, posteriormente, la Platajunta.

Su actividad política lo convirtió en objetivo prioritario de la represión franquista y de los sectores reformistas de la oposición. Fue víctima de campañas de difamación, sanciones administrativas, procesos penales, encarcelamiento e incluso intentos de asesinato. Tras la muerte de Franco, ya bajo el reinado de Juan Carlos I, el ministro Manuel Fraga, con el apoyo de dirigentes de la oposición como Felipe González, ordenó su encarcelamiento para neutralizar las movilizaciones rupturistas. Este episodio constituye una evidencia clara de la represión ejercida contra la disidencia en los años iniciales de la Transición.

Pese a su marginación política, García-Trevijano se mantuvo como una de las voces más críticas con el proceso de reforma y como uno de los principales defensores de la necesidad de un auténtico proceso constituyente democrático.

La separación de poderes debe efectuarse en origen, sólo así se garantiza dicha separación, es decir, cada poder del Estado —ejecutivo, legislativo y judicial— se constituye mediante procesos electorales independientes. Esto contrasta con el modelo actual en España, donde los tres poderes derivan directa o indirectamente de unas mismas elecciones. Además, la función de cada órgano debe diferenciarse claramente, buscando como objetivo principal la mutua vigilancia. Tal como decía James Madison, la separación de poderes debe de cumplir la función de que un poder vigile al otro “para que el ciudadano pueda dormir tranquilo”. 

Elección del poder ejecutivo y legislativo

Cada poder debe tener su propio proceso electoral. En caso de Ejecutivo y Legislativo, poderes de ámbito político, se han de celebrar elecciones separadas para cada uno, en las que los candidatos puedan presentarse tanto por partidos como de manera independiente. Los ciudadanos eligen directamente a sus representantes, evitando que el ejecutivo nazca del legislativo o dependa de pactos parlamentarios.

Elección del poder judicial Por otro lado, el poder judicial actúa de forma diferente al político. Mientras que los órganos políticos atienden a la voluntad ciudadana, el poder judicial no, pues requiere de una preparación profesional en el ámbito para aplicar la ley, no para interpretarlas según la orientación política. Por lo tanto, el poder judicial debe de regirse por aspectos puramente técnicos, siendo sus órganos de gobierno elegidos por todos los integrantes de la carrera judicial y sus profesiones adjuntas (jueces, fiscales, abogados, procuradores, policía judicial, etc.), evitando influencias ajenas al ámbito jurídico a la vez que evitando el corporativismo dentro de él.

La representación es un pilar democrático esencial. Votar carece de sentido cuando no se está eligiendo a un representante y tan solo se refrendan listas preestablecidas. Delegar la toma de decisiones en representantes políticos es necesario para la organización de las naciones modernas, dada la imposibilidad para tratar individualmente las necesidades de millones de ciudadanos. Es por ello que deben establecerse mecanismos precisos que permitan canalizar las necesidades individuales hacia la toma de decisiones colectivas. Nuestras propuestas en este sentido son: 

Representación en el poder legislativo

Para que exista representación, el sistema propuesto se basa en distritos electorales de aproximadamente 100.000 habitantes, diseñados según criterios demográficos, históricos, territoriales y administrativos. En cada distrito se elige un único representante, por mayoría absoluta, celebrando elecciones a doble vuelta en el caso que fuese necesario (como en el caso del sistema francés). A su vez, el representante está obligado a atender directamente a sus representados, siendo posible su revocación en el caso que incumpla con sus promesas electorales. 

Bajo este modelo:

• El Senado resulta innecesario, especialmente en el caso de España, ya que no se constituye como un Estado federal. Una única cámara de representantes cumpliría las funciones legislativas y con ello se evitarían duplicidades administrativas. 
• La representación territorial quedaría absorbida por la figura del distrito electoral. No obstante, este sistema podría complementarse con la creación de otros entes administrativos autónomos (como mancomunidades, comunidades autónomas, regiones administrativas, etc.). 

Representación en el poder ejecutivo

El poder ejecutivo se elige en un único distrito nacional, mediante un proceso similar a la elección de los diputados de distrito. Es decir, eligiendo por mayoría absoluta el presidente del gobierno, optando a unas elecciones a doble vuelta si fuese necesario. Este método asegura una legitimidad robusta y evita que el jefe del ejecutivo dependa de acuerdos entre partidos. También en este caso, se contempla la revocación de mandato en caso de incumplimientos graves, incompetencia o pérdida de confianza, mediante la consulta con la ciudadanía.

La autonomía del poder judicial es un requisito indispensable para que la ley pueda aplicarse sin interferencias. Sin embargo, la separación de poderes en origen resulta insuficiente, ya que el judicial, a diferencia de los otros dos, tiene la capacidad de juzgar y limitar al ejecutivo y al legislativo.

Por ello, su independencia debe abarcar: la elección de su órgano de gobierno por los profesionales del ámbito judicial (apartado 1.2), la protección frente a presiones económicas o políticas y la garantía de que sus decisiones no dependan de ningún otro poder.

Autonomía presupuestaria y funcional

El poder judicial debe contar con un presupuesto propio y con personal que dependa exclusivamente de él: jueces, funcionarios, abogados de oficio, policía judicial, etc.

La policía judicial ha de actuar únicamente bajo órdenes de los tribunales, evitando así cualquier posible coacción por parte del ejecutivo.

En la actualidad, la financiación principal de los partidos proviene de subvenciones públicas, lo que fomenta su dependencia del Estado y la aleja de los problemas reales de la ciudadanía.

Para evitar esta deriva, se propone:

• Que los partidos se financien exclusivamente mediante aportaciones de militantes y simpatizantes.
• Que se establezcan límites estrictos a las donaciones procedentes de entidades privadas, para impedir la formación de grupos de poder capaces de controlar la actividad política desde el exterior o dirigida a favorecer a ciertos sectores, empresas, complejos, personas, etc.

La democracia formal exige instituciones separadas, representantes elegidos directamente y un poder judicial plenamente independiente. Con ello se garantiza que todas las decisiones tomadas sean legítimas y justas para el provenir del único titular del poder político: el pueblo. Cualquier otra alternativa que no respete estos principios básicos, conduce a un sistema oligárquico o autocrático, lo cual elimina cualquier atisbo de poder ciudadano y lo subyuga a los intereses individualistas de las élites políticas.